Las negociaciones en torno a Crypto Clarity Act entraron en una fase decisiva en el Senado de Estados Unidos, pero un impasse que involucra reglas de ética para autoridades públicas aún impide un consenso entre republicanos y demócratas. El desacuerdo ocurre precisamente en la sección considerada más sensible del proyecto, encargada de establecer restricciones a la relación de integrantes del gobierno con empresas e iniciativas vinculadas a las criptomonedas.
El principal punto de divergencia involucra a quién le corresponderá supervisar el cumplimiento de esas restricciones. De acuerdo con personas que siguieron una presentación hecha por un representante de la Casa Blanca al sector de criptomonedas, senadores demócratas sostienen que los procuradores generales estatales tengan autoridad para aplicar las reglas éticas a los funcionarios federales.
En cambio, la Casa Blanca y parlamentarios republicanos favorables al proyecto sostienen que esa atribución debe permanecer exclusivamente en el procurador general de Estados Unidos. La definición de ese mecanismo pasó a considerarse esencial para destrabar el resto de la propuesta.
Según informaciones discutidas durante las negociaciones, la cláusula ética alcanzaría a autoridades de alto nivel, incluido el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente y todos los miembros del Congreso. Si se resuelve ese punto, se espera que las demás cuestiones pendientes del proyecto se atiendan con mayor facilidad, aunque todavía existan discusiones sobre reglas dirigidas a los desarrolladores dentro de las medidas de prevención del financiamiento ilícito.
El calendario legislativo también incrementa la presión por alcanzar un entendimiento. El día 7 de agosto, último antes del receso de verano del Senado, se ve como la fecha límite para que el Crypto Clarity Act continúe por el camino de una aprobación todavía en 2026. Integrantes del sector creen que la votación podría comenzar ya a inicios de la próxima semana, tal como señaló anteriormente el líder de la mayoría en el Senado, John Thune.
Durante las negociaciones, un representante de la Casa Blanca afirmó que Donald Trump estuvo de acuerdo con "la cláusula ética más amplia y de mayor alcance de la historia", aunque el texto definitivo aún no se hubiera puesto a disposición de los demócratas en ese momento.
Incluso sin acceso al contenido final, integrantes del gobierno argumentaron que "hizo todo lo que estaba a su alcance" para atender a las exigencias de la oposición, indicando que cualquier retraso en la aprobación de la legislación dependería de la posición de los demócratas.
La aceptación de la cláusula también llama la atención por el hecho de que Trump y su familia mantienen participación en diversos negocios relacionados con las criptomonedas, incluida World Liberty Financial. Mientras el presidente afirma que no existe conflicto de intereses entre sus actividades privadas y las políticas adoptadas por el gobierno, parlamentarios demócratas siguen cuestionando esa relación.
Otro aspecto de la discusión involucra la independencia de la fiscalización. Los demócratas afirman que el Departamento de Justicia puede verse influido por el Poder Ejecutivo, especialmente porque Todd Blanche, exabogado personal de Trump, fue designado para el cargo de procurador general. Por otro lado, los republicanos argumentan que la aplicación de normas federales debe permanecer bajo responsabilidad de las autoridades federales.
Incluso si se alcanza un acuerdo en el Senado, el Crypto Clarity Act todavía necesitará volver a la Cámara de Representantes para una nueva aprobación, posiblemente en septiembre. Además, parlamentarios demócratas analizan incluir reglas sobre mercados de predicción en el texto, un tema que puede ampliar las negociaciones y dificultar aún más la tramitación de la legislación sobre criptomonedas.