Después de meses de negociaciones, senadores republicanos presentaron una nueva versión de la Clarity Act, un proyecto que pretende crear un marco regulatorio para el mercado de criptomonedas en Estados Unidos. El texto consolidado reúne propuestas aprobadas anteriormente por las Comisiones de Agricultura y Bancaria del Senado y podría llevarse al pleno en las próximas semanas.
La actualización de la propuesta intenta desbloquear uno de los temas que más dividieron a los parlamentarios durante la tramitación: la definición de reglas para impedir que las autoridades federales obtengan ganancias financieras con activos digitales mientras ocupan cargos públicos.
El debate ganó intensidad tras la divulgación de documentos financieros relacionados con el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump. Las declaraciones mostraron ingresos de millones de dólares asociados a World Liberty Financial, una empresa vinculada a la familia Trump, aumentando la presión para que el Congreso establezca normas más estrictas sobre conflictos de interés que involucren criptomonedas.
NOVEDAD: Los republicanos del Senado acaban de divulgar una versión actualizada de *Clarity Act*, después de reuniones informativas realizadas esta mañana con las partes interesadas. A continuación, presentamos algunas de las principales disposiciones del texto más reciente, que abarcan cuestiones de ética, la BRCA y otras áreas que hemos seguido de cerca.
La nueva redacción determina que los presidentes, vicepresidentes, miembros del Congreso, otros funcionarios federales y sus respectivos cónyuges no podrán emitir ni promover activos digitales durante el ejercicio de sus mandatos. Por otro lado, el proyecto mantiene la posibilidad de que esas autoridades inviertan en criptomonedas de forma privada.
Otro punto que llama la atención es el plazo de vigencia de esas reglas. El texto establece que la sección de ética "no tendrá fuerza ni efecto a partir del mediodía del 20 de enero de 2029", haciendo que las restricciones dejen de producir efectos después de esa fecha, salvo una eventual modificación legislativa.
La responsabilidad de aplicar estas normas recaería en el Departamento de Justicia. El modelo, sin embargo, continúa siendo objeto de críticas entre parlamentarios demócratas, que defienden la participación de los procuradores generales estatales en la fiscalización de las nuevas reglas.
"¿Que el Departamento de Justicia imponga una cláusula ética? Esta es una propuesta poco seria, y no apoyaría el proyecto de ley si esa fuera la redacción. Pero seguiremos trabajando a partir de esta base para llegar a un acuerdo que nos responsabilice a todos", dijo la senadora Angela Alsobrooks.
Además de los cambios relacionados con la ética, la propuesta incorpora la llamada Ley de Certeza Regulatoria del Blockchain, considerada una de las principales demandas de la industria de criptomonedas. El dispositivo aclara que los desarrolladores de software blockchain no custodio no deben encuadrarse como transmisores de dinero, reduciendo incertidumbres regulatorias para empresas y proyectos del sector.
Representantes de la industria afirman que la medida ofrece mayor seguridad jurídica para quienes desarrollan protocolos descentralizados y puede estimular la permanencia de estas iniciativas en Estados Unidos. En sentido contrario, entidades vinculadas a la seguridad pública y organizaciones religiosas argumentan que el cambio podría dificultar las investigaciones sobre delitos financieros y trata de personas.
El CEO de la Cámara Digital, Cody Carbone, calificó la propuesta como un "paso significativo".
"Ahora es nuestra mejor oportunidad para aprobar una ley de estructura de mercado duradera que permita a Estados Unidos convertirse en líderes globales en activos digitales", dijo Carbone. "Estamos optimistas y listos para seguir trabajando hasta que el proyecto de ley llegue al escritorio del Presidente."
A pesar del avance en las negociaciones, la Clarity Act aún depende del apoyo de parte de los senadores demócratas para ser aprobada. Si recibe luz verde antes del receso parlamentario de agosto, la propuesta pasará a análisis en la Cámara de Representantes, dando continuidad al proceso de definición de las reglas para el mercado de criptomonedas en Estados Unidos.
