Una Dunamu, empresa responsable de la corredora de criptomonedas Upbit, comenzó a enfrentar un proceso de sanciones en Corea del Sur como resultado del ataque informático que derivó en el robo de aproximadamente US$ 30 millones en activos digitales a finales de 2025. La medida fue iniciada por el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), que concluyó una inspección sobre el incidente y recientemente remitió un informe a la compañía.
La investigación ocurre cerca de ocho meses después del ataque que afectó a la mayor corredora de criptomonedas del país por volumen de operaciones. En ese momento, los criminales lograron desviar 44,5 mil millones de won, equivalentes a aproximadamente US$ 30 millones, en activos basados en la criptomoneda Solana (SOL). Según la información divulgada, las transferencias se realizaron a una billetera externa a lo largo de aproximadamente 54 minutos.
Después de identificar la intrusión, Upbit utilizó recursos propios para reembolsar a los clientes afectados. La empresa informó que cubrió aproximadamente 38,6 mil millones de won en pérdidas y logró congelar aproximadamente 2,6 mil millones de won de los activos robados, mientras continúa trabajando para recuperar parte de los valores desviados.
Además del ataque en sí, la corredora también fue objeto de críticas por la forma en que comunicó el incidente al mercado. La divulgación ocurrió solo después de la finalización de un evento relacionado con la fusión de Dunamu con Naver Financial, una negociación que todavía depende de su conclusión y que se pospuso para finales de diciembre de este año.
El organismo regulador analiza si hubo incumplimiento de la Ley de Protección al Usuario de Activos Virtuales, principal legislación orientada al mercado de criptomonedas en Corea del Sur. Sin embargo, especialistas señalan que la norma tiene limitaciones, ya que su enfoque está en la protección de los usuarios y en prácticas comerciales desleales, sin establecer sanciones específicas para ataques cibernéticos ni fallas de infraestructura tecnológica.
Ante ese vacío, las autoridades surcoreanas estudian incluir nuevas reglas en la futura Ley Básica de Activos Digitales. La propuesta pretende crear dispositivos específicos para la rendición de cuentas de las casas de cambio en casos de ataques de hackers, además de definir criterios para sanciones e indemnizaciones derivadas de incidentes relacionados con tecnología de la información.
El gobernador del Servicio de Supervisión Financiera, Lee Chan-jin, ya había indicado anteriormente que, aunque la legislación actual presenta limitaciones, el episodio no podría ser ignorado por el regulador. Tras el período de esclarecimientos concedido a Dunamu, la FSS deberá informar el nivel de sanción propuesto. La decisión final quedará bajo responsabilidad del Comité de Revisión de Sanciones, de la Comisión de Valores Mobiliarios y Futuros y de la Comisión de Servicios Financieros.
Mientras tanto, las investigaciones continúan. Las autoridades surcoreanas aún sospechan la participación del Grupo Lazarus, vinculado a Corea del Norte, aunque la autoría del ataque no ha sido confirmada oficialmente por Upbit ni por los órganos reguladores.
Paralelamente, el regulador también concluyó una inspección en la casa de cambio Bithumb, relacionada con un incidente que involucró una asignación incorrecta de bitcoins. Los procedimientos para posibles sanciones deberán comenzar después de la conclusión de las revisiones jurídicas, mientras que la FSS retoma sus inspecciones regulares a mediados de agosto.