La Corte Suprema de Corea del Sur presentó una actualización de las normas de ejecución civil que establece procedimientos específicos para incautar, congelar y vender criptomonedas, incluido el Bitcoin, en procesos judiciales. La propuesta busca estandarizar la actuación de los tribunales e impedir que los deudores utilicen activos digitales para evitar el cumplimiento de las decisiones de la Justicia.
Con las nuevas reglas, la ejecución sobre criptomonedas comenzará con la emisión de una orden judicial de embargo. A partir de ese momento, el deudor queda impedido de mover o transferir los activos, que deberán entregarse directamente a un oficial judicial responsable de su custodia. El embargo empezará a producir efectos cuando los activos sean recibidos oficialmente por el agente judicial.
La propuesta también define cómo las criptomonedas incautadas podrán convertirse en dinero para satisfacer los créditos reconocidos por la Justicia. Entre las alternativas previstas está la emisión de una "orden de transferencia", que permite que los activos se entreguen directamente al acreedor con base en una evaluación determinada por el tribunal.
Otra posibilidad será la emisión de una "orden de venta". En este caso, el oficial judicial podrá transferir las criptomonedas a una cuenta específica en una plataforma autorizada de activos virtuales para realizar la liquidación, o determinar que el propio proveedor certificado ejecute la venta de los activos digitales.
Además, la Corte Suprema prevé mecanismos para facilitar la conversión de los activos. Los tribunales podrán autorizar el intercambio de tokens con menor liquidez por criptomonedas más negociadas antes de la venta, haciendo el proceso de liquidación más eficiente.
Los cambios también incluyen medidas preventivas para impedir que los deudores muevan sus activos durante el desarrollo de los procesos. Entre ellas se encuentran embargos provisionales y órdenes judiciales para congelar billeteras digitales hasta la conclusión de las disputas.
La Administración Nacional de los Tribunales informó que recibirá sugerencias de la sociedad y de especialistas sobre el texto de la enmienda hasta el día 11 de agosto. Se espera que las nuevas reglas entren en vigor oficialmente en octubre.
“Es necesario establecer procedimientos de ejecución civil que se alineen con la naturaleza jurídica y la estructura de las transacciones de activos virtuales”, afirmó la Corte Suprema, añadiendo que las reglas fueron elaboradas para “garantizar previsibilidad y estabilidad jurídica” en disputas civiles.
La actualización complementa la Ley de Protección al Usuario de Activos Virtuales, vigente desde julio de 2024. La legislación ya exigía que las empresas del sector separaran los recursos de los clientes, mantuvieran gran parte de los activos en almacenamiento en frío y adoptaran controles contra prácticas irregulares.
Con la nueva reglamentación, la infraestructura creada por la legislación de 2024 pasa a servir también para la ejecución de decisiones judiciales que involucren Bitcoin y otras criptomonedas, ofreciendo reglas más claras para embargos, bloqueos y liquidación de activos digitales en disputas civiles.