Reino Unido define reglas para criptomonedas con foco en capital y mercado
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El mercado de criptomonedas en el Reino Unido pasará por uno de los mayores cambios regulatorios de su historia. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) publicó el conjunto definitivo de reglas que disciplinará el funcionamiento de las empresas del sector, estableciendo exigencias de capital, medidas contra el abuso de mercado y normas específicas para emisores de stablecoins.
El nuevo modelo regulatorio comenzará a regir el 25 de octubre de 2027 y creará un sistema único para empresas que ofrecen servicios relacionados con las criptomonedas. La propuesta busca acercar el sector a los estándares ya aplicados a las instituciones financieras tradicionales, incluidos requisitos de gobernanza, protección al consumidor y resiliencia operativa.
Las nuevas reglas abarcan plataformas de negociación de criptomonedas, corredoras, empresas de custodia, emisores de stablecoins, proveedores de préstamos, servicios de staking y determinados proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi), siempre que exista una entidad responsable identificable.
Entre los principales cambios está la obligación de que las plataformas de negociación realicen procesos de diligencia antes de la cotización de nuevos activos digitales. Las empresas también deberán cumplir criterios de admisión y publicar documentos de divulgación para cada criptomoneda puesta a disposición de los inversores.
La FCA también eliminó una excepción existente que permitía la negociación de determinados activos fungibles sin documentación específica. Con ello, todas las criptomonedas elegibles deberán seguir un estándar uniforme de divulgación de información.
Otro punto destacado del paquete regulatorio es la creación de un conjunto de reglas orientado al combate del abuso de mercado. La estructura pasa a contemplar prácticas relacionadas con el uso de información privilegiada y la manipulación de precios.
Al mismo tiempo, el regulador decidió flexibilizar parte de las obligaciones inicialmente previstas para grandes operadores de las plataformas calificadas. El monitoreo de actividades on-chain fue reducido, mientras que los requisitos ligados a la divulgación de información privilegiada y a las comunicaciones entre intermediarios recibieron ajustes tras consultas al mercado.
En el caso de las stablecoins, la regulación establece normas detalladas para la administración de las reservas, mecanismos de protección de los recursos, rescates y transparencia frente a los clientes.
Tras recibir contribuciones del sector, la FCA también redujo de 2% a 1% el coeficiente prudencial K-SII aplicado a los emisores de stablecoins. Además, autorizó a los fondos de garantía a mantener hasta 5% de activos excedentes y flexibilizó determinadas operaciones de custodia entre empresas del mismo grupo.
El nuevo modelo prudencial también simplifica el tratamiento de los riesgos de las criptomonedas negociadas en las plataformas calificadas. En lugar del sistema de clasificación en dos niveles propuesto originalmente, los activos pasarán a seguir un requisito único de posición neta de riesgo de 40%, acompañado por un ajuste de volatilidad de la contraparte igualmente fijado en 40%.
Las empresas interesadas en operar bajo el nuevo régimen podrán solicitar autorización entre 30 de septiembre de 2026 y 28 de febrero de 2027. Antes de eso, la FCA ofrecerá reuniones preparatorias a partir de julio para orientar el desarrollo de las solicitudes.
Hasta la entrada en vigor de las nuevas reglas, la supervisión de la autoridad continuará concentrada en las exigencias relacionadas con las promociones financieras y el combate al lavado de dinero.
David Geale, director ejecutivo de pagos y finanzas digitales de la FCA, calificó la iniciativa como un paso importante para la regulación de las criptomonedas en el país. Según él, "el régimen busca proporcionar a las empresas seguridad regulatoria, manteniendo, al mismo tiempo, espacio para la innovación." El ejecutivo añadió que los consumidores pasarán a contar con estándares más cercanos a aquellos exigidos a otros prestadores de servicios financieros.